En el año 2001, dos escritores egipcios se encontraron frente a la justicia por expresar sus ideas, luchar por la democracia o hablar sobre cuestiones consideradas tabú en una sociedad como la egipcia donde siguen prevaleciendo tradiciones arcaicas sobre los más esenciales principios democráticos y de derechos humanos.
Saad El-Din Ibrahim, escritor, investigador y activista de derechos humanos comenzó a sufrir el acoso de las autoridades en junio de 2000. Ibrahim era director del Centro de Estudios para el Desarrollo Ibn Khaldun, una asociación sin ánimo de lucro dedicada a promover la democracia y las libertades civiles. Esta asociación había recibido subvenciones del Programa MEDA para la Democracia de la Unión Europea desde 1996. Este hecho propició las sospechas de las autoridades egipcias y no sólo su director fue detenido sino que en días posteriores al de su arresto la policía detuvo a numerosos miembros del personal del centro Ibn Khaldun y del Centro de Apoyo a las Mujeres Votantes y a filiados de estas dos ONGs.

A finales de agosto del 2000 todos los detenidos habían quedado en libertad bajo fianza. No obstante, a ninguno de ellos se les habían comunicado por escrito los cargos que se les imputaban. El 24 de septiembre, la Fiscalía dictó el acta de acusación y remitió la causa de las 28 personas al Tribunal Supremo de Seguridad del Estado. Hasta varios días después no se notificaron por escrito los cargos a los acusados por primera vez.
Varias organizaciones de derechos humanos expresaron su preocupación por el hecho de que los cargos imputados a Saad El-Din Ibrahim y el personal del centro Ibn Khaldun tuvieran motivación política. Uno de los cargos por los que se condenó al director del centro está relacionado explícitamente con las actividades que realizaba relativas a la situación política y de derechos humanos en Egipto. En aplicación del artículo 80.d.1 del Código Penal egipcio fue acusado de “difundir información falsa en el extranjero perjudicial para los intereses de Egipto” en relación con unas declaraciones que había hecho sobre irregularidades en el proceso electoral y discriminación hacia minorías religiosas. Este artículo prevé penas que oscilan entre los seis meses y los cinco años de prisión.
Finalmente el tribunal de seguridad del Estado de Egipto sentenció a Saad El-Din Ibrahim a siete años de trabajos forzados el 23 de mayo de 2001. Veintisiete compañeros de Ibrahim también recibieron sentencias de prisión de entre uno y cinco años. Dos días después de darse a conocer la sentencia dos expertos en derechos humanos de la ONU declaraban con respecto a ella que tendrá efectos negativos sobre las actividades de otros defensores de derechos humanos en Egipto.

Dentro del contexto político de falta de libertades en Egipto se encuadra la situación de la escritora Nawal Saadawi. Ha publicado 37 libros en los más de cincuenta años que lleva escribiendo, afirma que desde que comenzó a escribir no ha podido vivir tranquila. Se ha atrevido a escribir sobre la condición femenina y la sexualidad. Su último conflicto la enfrentó a una acusación de apostasía por vulnerar las normas del Islam. De acuerdo con una ley del país llamada Hisba este delito está penado con la obligatoria separación del cónyuge. La denuncia fue presentada por el abogado islamista Anhib el Wahsh a raíz de las opiniones que la escritora vertía acerca de la jerarquía religiosa del Islam en una entrevista publicada en el semanario sensacionalista El Midan. No tuvo en cuenta que la escritora alegó que sus frases habían sido publicadas fuera de contexto.
Saadawi ha recibido el apoyo del Parlamento Europeo, a través de la europarlamentaria Emma Bonino. También ha contado con la solidaridad de escritores de todo el mundo como Isabel Allende, Paul Auster o Noam Chomsky. Sin embargo en su país intelectuales y miembros del Gobierno apoyan las tesis integristas con su silencio, sólo el premio Nobel de literatura Naguib Mahfouz se ha manifestado a favor de Saadawi.